Hace pocos días se reveló una reunión con el ex ministro Andrés Chadwick, unas pocas horas de haber iniciado el estallido social en Chile.
El pasado martes 29 de octubre el abogado del estudio jurídico Altamar Asociados, Felipe Vega Gómez, ingresó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusando de una colusión entre los medios de televisión abierta organizada por el ex ministro Andrés Chadwick.
Según pudo confirmar FayerWayer (Vía El Desconcierto), el sábado 19 de octubre el ex ministro Andrés Chadwick habría liderado una reunión entre el gobierno y los directores ejecutivos de los canales de TV que conforman la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), situación que fue advertida por Iván Mezzano, presidente de la Federación de Trabajadores de la Televisión (Fetra TV).
“Esa reunión habría sido como las que tienen habitualmente con el gobierno, y que nunca habían sentido presión de índole que nosotros podríamos tener y que, si hubiese sido así, no la hubiesen aceptado”, declaró en su momento Mezzano, luego de que se reuniese con los aludidos.
En conversación con Player 8, el abogado de Altamar Asociados Felipe Vega aseguró que, “más allá de los detalles económicos que identifican un acuerdo de contenidos en los medios de televisión como una colusión dura (ilícito más perjudicial a la libre competencia), resulta fundamental que la Fiscalía Nacional Económica entre a investigar los hechos denunciados, ya que un Gobierno que maneje el contenido de los medios lo acerca más a un totalitarismo que a ‘buenas intenciones’ de normalización de la vida; y los totalitarismos son repudiados en la cultura democrática occidental”.
Del mismo modo, criticó “el doble estándar de ciertos grupos identificados con la derecha política más sectaria, donde los Pro Vida y los defensores de la libre competencia callan, precisamente es ahí donde deberían alzar sus voces con más fuerza”.
A su vez caracterizó a quienes se encuentran marchando en las calles como “un pueblo muy diverso y diferente al de 1973” que, “además de no identificarse con un partido político específico, se encuentra compuesto por hijos de padres que en su mayoría no habían alcanzado la educación universitaria, hijos que se educaron con dineros provenientes de los impuestos de todos los chilenos, e hijos que comprenden que deben devolver la mano de alguna forma a quien permitió su acceso a un título profesional: Chile”.
¿Qué dice la denuncia?
En la demanda se indica una “infracción a la letra a) del inciso segundo del artículo 3° del DL 211, por haberse verificado un acuerdo que involucró a competidores -del tipo Hub & Spoke- y que consistió en la limitación de distintos canales de televisión (Spokes) de la parrilla programática y contenido, a instancias de la autoridad (Hub). Se trata, entonces, de una colusión de limitación de producción (“cartel duro”) perpetrada por distintos agentes económicos partícipes en el mercado de televisión abierta como oferentes y el ministro del Interior del Estado de Chile (en adelante “Denunciados”), llevada a cabo durante la vigencia de un estado de excepción constitucional declarado por la autoridad”.
Referido al detalle de lo que se habría acordado en esta reunión, la demanda indica que “desde el punto de vista del producto, la variable competitiva sobre la que recayó el acuerdo es la producción: contenido programático; y, en este sentido, es un cartel denominado como “cartel duro” (Hardcore cartel), cuya sanción se rige por la regla per se (siguiendo al modelo estadounidense), o al menos, rige una inversión en la carga probatoria, como ocurre en las restricciones por el objeto (Restriction by object) del derecho comunitario europeo”.
Debido a lo anterior, “por cuanto los canales de televisión abierta compiten por el contenido que entregan a la comunidad, por lo que, si se aúnan para acordar el mismo, limitándolo ellos, es una limitación de la producción en que compiten”.
Es decir, debido a que el producto de la industria televisiva es la generación de contenido, el gobierno habría cometido una infracción al intervenir para que el contenido generado tuviese la misma temática no importando el canal, lo que supone un nuevo golpe a la ya cuestionable objetividad y libertad de los medios tradicionales durante los días más críticos del fenómeno social vivido en Chile las últimas semanas.
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